Algunos expertos empiezan a difundir la idea de que algo tiene que cambiar en la administración del Estado. Los políticos deben dejar de ofrecer a su público las cifras de gasto como medallas que acreditan su competencia. No se trata tanto de gastar mucho como de gastar bien y, naturalmente, ofrecer a los ciudadanos los criterios de eficiencia en el gasto. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha ya hemos conseguido que el gasto en Educación sea el 6% del PIB, cifra mítica que nos coloca junto a los países más desarrollados del mundo. El siguiente paso tiene que ser demostrar que el dinero se ha gastado en lo que debía gastarse. En algún momento, y no demasiado tarde, se tendrá que probar de forma fiable que nuestros estudiantes de todos los niveles salen mejor formados que antes y, si no, la sociedad tendrá que demandar que ese dinero se desvíe a otros campos y seguramente encárgarselo a otros gestores. Los contribuyentes tenemos que empezar a exigir a los que administran eventualmente nuestros impuestos (aunque algunos parecen fijos discontinuos y otros fijos a secas) que no nos presenten la cuenta de gastos sin más sino con los datos para que podamos auditarlas, lejos de los faroles de las elecciones y de los rifirrafes en las tribunas de los periódicos. Esto no convertiría la política en gestión empresarial pero me pregunto cuántas pasarelas como la que se hizo en Cuenca sobre la calle Juan Carlos I o cuántos indescriptibles bosques de acero o cuántas televisiones-panfleto o cuántos... (ponga usted lo que se le ocurra sobre los puntos suspensivos) nos habríamos ahorrado y cuántos cuartos podríamos haber dedicado a cosas más útiles.
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