Si las compañías eléctricas estuvieran en la ruina, la compra-venta de Endesa no habría supuesto un asunto en el que intervinieron los gobiernos de varios países, porque a ningún gobierno le interesa que se compre una empresa ruinosa. La «deuda histórica» que los consumidores tenemos con las eléctricas consiste en que, cuando el sector no estaba del todo desregulado (cuando el gobierno mandaba algo porque al Estado aún le quedaba algo) el ministro del ramo les decía a las eléctricas que no subieran la luz tanto como querían, que la subieran un poco menos y el Estado les pagaría la diferencia. El Estado, claro, no lo hizo, y ahora las eléctricas, que no están arruinadas sino compitiendo en la rapiña internacional por extender sus cables en cualquier país más pobre que el nuestro, se cogen lo que dicen que es suyo. Para eso cuentan con las reglas del juego de un país orgulloso de ser el más liberal de su entorno (aunque se diga lo contrario) y, sobre todo, con un ministro que no sabemos para qué sirve. Desde luego, se parece más al capitán de los empresarios de los sectores que gobierna que al árbitro que debe conciliar los intereses contrapuestos que hay en el país tratando de conseguir siempre el interés colectivo. Cuando ha dicho que la subida de la luz equivale al precio de un café ha asumido el papel del tonto del pueblo, ese que rompe de una pedrada la cristalera de la farmacia porque los mozos, los listos del pueblo, le han prometido que luego le invitaran a un coñá. En su caso (es la segunda vez que lo pronostico) algún que otro jugoso consejo de administración.
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